09/12/2024 La Revista Estudiantil de la Ibero

Invisibles y atroces: Crímenes de lesa humanidad en México

  • Yael Waisser Cheja

En un mundo globalizado, nos encontramos en una encrucijada marcada por una gobernanza deficiente y desafíos que trascienden las fronteras. Existe una amenaza creciente de la que raramente se habla: los crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Mientras el gobierno utiliza estrategias de distracción para ocultar la sombría realidad de nuestro país en términos de derechos humanos, cientos de personas se convierten en víctimas de estos crímenes atroces, que abarcan desde tortura hasta exterminio y violencia sexual.

Durante los últimos tres sexenios se ha experimentado en México una escalada de violencia que nos muestra indicios de que existen crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Todos estos actos responden a una gran política orquestada por el mismo gobierno, o bien, Cárteles mexicanos que usan la violencia como medio principal para conseguir sus objetivos. Así, mientras la política exterior mexicana se enfoca en resolver crisis de corte geopolítico, medioambiental y diplomático, en nuestro país se encuentran fosas comunes llenas de cadáveres inocentes, bebés en botes de basura y mujeres asesinadas. La pregunta entonces es: ‘¿hemos decidido ignorar que los crímenes de lesa humanidad se perpetran en nuestro país, o es una realidad que no estamos dispuestos a enfrentar?’.

Un crímen de lesa humanidad se define como ciertas conductas que se dan como parte de un ataque sistemático y organizado en contra de una población civil. Algunas de estas conductas son el homicidio, exterminio, tortura, desaparición forzada o  persecusión. (CPI, 2018). Un crímen de lesa humanidad lleva consigo una lógica organizacional que, en México, podemos ver reflejada en la desaparición de periodistas, por ejemplo. Las víctimas, por lo general, son personas que durante operativos se les detiene de forma arbitraria por los cárteles.

En nuestro país, los crímenes de lesa humanidad no están tipificados, ya que muchas veces son agentes del Estado quienes los cometen. Desde el 2006, el expresidente Felipe Calderón inauguró la guerra contra las drogas y, con ella, desató una ola de violencia que no se ha podido detener. En el país hemos observado el despliegue de miles de soldados, siguiendo una política de Estado que no está delimitada por un marco legal. La militarización de algunas zonas del país ha causado el incremento de la violencia y de violaciones a los derechos humanos. 

Una de las preocupaciones más grandes cuando se habla de crímenes de lesa humanidad cometidos en México, es el alto índice de impunidad. Más del 93% de los delitos no son denunciados o no se investigan. Aquí podemos observar claramente la incapacidad del Estado Mexicano para priorizar la persecución de los crímenes de lesa humanidad en el país.

El caso de los periodistas en México es uno de los ejemplos más claros de la forma en la que se cometen estos crímenes en nuestro país. Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se reportaron 116 crímenes cometidos contra periodistas (102 asesinatos y 14 desapariciones forzadas). Así, la organización Reporteros sin Fronteras denunció ante la Corte Penal Internacional que los ataques cometidos en contra de los periodistas, claramente, cumplen con la característica principal de crímenes de lesa humanidad: un ataque organizado dirigido a una población civil. 

Tan solo en lo que va de 2023, se suman en México siete homicidios a reporteros y cuarenta y uno a periodistas (Maldonado C, 2023). Tristemente, los reporteros que trabajan sobre política local, corrupción y crimen enfrentan mayor riesgo de ataque. La Alta Comisionada de México ante la ONU, Michelle Bachellet, afirmó que, “en repetidas ocasiones, los funcionarios públicos denigran a los periodistas y la relevancia de su trabajo, mostrando el poco interés que existe en el país de cumplir con la libertad de expresión y de prensa, derechos humanos básicos” (ONU 2022). 

Claramente, existe un problema muy delineado de crímenes de lesa humanidad hacía periodistas en nuestro país. Pero, ¿será que estamos tan acostumbrados a la violencia que no podemos dimensionar la gravedad del asunto? Simplemente, las personas encargadas de contar la verdad sobre lo que sucede en este país están siendo asesinadas al por mayor. Les están arrebatando la vida, por el simple hecho de denunciar la falta de derechos humanos proporcionados por el gobierno.

El ejército mexicano en repetidas ocasiones ha desplegado sus fuerzas en contra de personas inocentes, cometiendo crímenes de lesa humanidad que no podrían ser más delineados. Por ejemplo, en octubre de 2010, en Jalisco, mientras que un grupo de hombres se preparaba para ir al trabajo, las fuerzas armadas entraron arbitrariamente al hogar de estas personas sin contar con una orden de arresto. Tras estos actos, seis hombres desaparecieron. Las justificaciones del ejército fueron que obedecían un informe de “actividades ilícitas” en la vivienda, aunque de esto nunca se encontró evidencia. Después de una larga investigación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el Ejército era responsable de la desaparición forzada de las seis víctimas. Aquí se nos presenta un ejemplo claro de que en México se cometen crímenes de lesa humanidad todos los días. 

Durante los últimos 12 años, en este país, no ha habido justicia por crímenes de lesa humanidad. Se han demostrado, una y otra vez, la debilidad y las pésimas capacidades de las instituciones de este país. Los nombres Ayotzinapa, Tlatlaya y San Fernando son reconocibles en nuestra cabeza. Se ruega justicia por “los 43” sin respuesta alguna. Existe en México una crisis de atrocidad e impunidad y un escalamiento de violencia. Hay razones para asegurar que el gobierno federal y los grupos de crimen organizado han cometido asesinato, tortura y desaparición forzada como parte de un ataque sistemático dirigido a poblaciones civiles.

La posibilidad de juzgar a México ante la Corte Penal Internacional está palpable en el imaginario colectivo de nuestra sociedad cada día más. Si el país sigue sin investigar y procesar  de manera sistemática crímenes atroces, podrían imponerse a México responsabilidades a nivel internacional. El gobierno federal debe tomar medidas extraordinarias para lidiar con esta crisis extraordinaria de violencia e impunidad.

Algunas medidas de prevención son fortalecer el sistema de justicia del país para que se puedan investigar y enjuiciar de manera correcta a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Se tiene que aplicar al país un sistema de justicia transicional, en el que se apliquen mecanismos fuertes que apoyen al proceso nacional de México y colaboren a fortalecer las instituciones. 

Además, mejorar las capacidades de investigación es una tarea fundamental para que el índice de impunidad disminuya, poco a poco, a través de la instauración de un mecanismo internacional contra la impunidad. Adicionalmente, establecer comisiones sólidas de verdad y memoria histórica podría jugar un papel fundamental en la transición hacía la justicia. Por supuesto, que no se puede dejar de lado la participación de las víctimas y de sus familiares en todo el proceso de justicia transicional.

Para cerrar, si las atrocidades se continúan perpetrando en este país, la Corte Penal Internacional podría involucrarse. Así, México se encuentra quizás frente al mayor reto en la historia del país en materia de Derechos Humanos. Fosas comunes, desapariciones forzadas, trece mujeres asesinadas al día, bebés encontrados en botes de basura, gente inocente quemada con ácidos, periodistas muertos. ¿Qué más necesitamos escuchar para que haya justicia en este país? Concientizar a los mexicanos sobre la gravedad de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en este país todos los días, es fundamental para cambiar la mentalidad de normalización de la violencia. 

Transicionar hacía un México garante de Derechos Humanos en el que se prevengan crímenes de lesa humanidad, requiere una sociedad fuerte que luche unida en contra de las injusticias que se viven en este país. Que el privilegio no nos nuble la empatía. Es responsabilidad de todos y todas vivir en un México seguro en el que la impunidad desaparezca y las personas reciban justicia. 

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