- Lorena Remírez Valenzuela
Síntesis: ¿Qué pasó en Perú este miércoles 7 de diciembre? La respuesta rápida efectivamente es que el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo, y la vicepresidenta, Dina Boluarte, tomó el cargo vacante para instaurar un gabinete lo más pronto posible. Pero ¿qué pasó? ¿Qué llevó a Pedro Castillo a ser el quinto presidente en 5 años? La respuesta es más compleja.
Este miércoles 7 de diciembre las 15:00hrs tiempo local de Perú, el Congreso votaría la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo por incapacidad moral. Adelantándose a dicha votación, Castillo anunció la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. A los pocos minutos, todo el país se movilizó; periodistas, medios, legisladores, ciudadanos, policías e, incluso, militares. El Congreso rechazó abiertamente la disolución planteada por Castillo y convoca un pleno en donde se votaría su destitución como presidente. La votación necesitaba 87 votos a favor… se obtuvieron 101. En ese momento se nombra a Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, como la primera presidenta mujer del Perú. Castillo intentaría huir hacia la embajada de México para solicitar asilo político, pero ésta fue rodeada por ciudadanos que impidieron su acceso. Finalmente, quedaría detenido acusado de rebelión por el auto golpe de Estado que intento dar. (BBC News Mundo, 2022)
La crisis política en el país andino tiene ya varios años manifestándose. Dina Boluarte se acaba de convertir en la 6° presidenta de Perú en solo 5 años. El gobierno de Castillo apenas aguantó 18 meses. Entonces surge la pregunta, ¿qué hace a Perú tan ingobernable?
Bueno, en primer lugar, tendríamos que hablar de la constante tensión que existe entre le Congreso y el presidente en funciones. En 1993 se determina por medio del artículo 113 de la Constitución Política de Perú, que la presidencia podría quedar vacante por incapacidad física o moral, misma que sería determinada por el Congreso. Dicho artículo tiene sus orígenes en la Constitución de 1839, en donde la vacancia por incapacidad hacía más bien alusión a enfermedades mentales que hubieran afectado al presidente[1]. En el contexto actual, dicho artículo ha sido utilizado como una “espada que pende sobre la cabeza de los presidentes”, en donde el Congreso puede determinar en cualquier momento (alcanzando los 87 votos necesarios) si éstos se quedan o se van. Esto ha generado una posición de debilidad para los presidentes peruanos, y una de poder para el Congreso. (D. Olmo, 2022)
Aunado a ello, tenemos una conformación problemática del Congreso. Los grupos parlamentarios que lo integran son pequeños, y responden más bien a intereses particulares. En este sentido, es complicado que un presidente pueda lograr el respaldo de la mayoría de los integrantes, al no poder abordar la diversidad de intereses que cada legislador representa, y consistentemente, emparejarlo con su agenda política. Sin embargo, el presidente no queda totalmente desprotegido. La Constitución establece también que el presidente puede disolver el Congreso (como Castillo lo intentó hacer) después de que se le niegue dos veces la confianza al Ejecutivo; es decir, que se interpongan sin razones legítimas al trabajo del presidente. Castillo había acusado al Congreso ya en una ocasión de negarle la confianza; acusación que el Congreso negó. Este fue el último enfrentamiento entre Castillo y el poder legislativo hasta los sucesos del pasado miércoles. (Ibidem, 2022)
Pero, ¿qué razones tenía el Congreso para bloquear constantemente a Castillo y terminar por destituirlo? Bueno, es que tampoco estamos hablando de un funcionario inocente. Castillo llega al poder con un fuerte desprecio por las élites en Lima. Las elecciones se disputaban entre la extrema izquierda, representada por Castillo, y la extrema derecha, representada por Keiko Fujimori. Esto generaría una polarización social desde el inicio de su gobierno, que terminaría por nutrir aún más la crisis política que hoy vemos manifestada. La estabilidad de su gabinete sería nula, con constantes cambios en sus ministros y allegados para intentar consolidarse como presidente legítimo. Además, a lo largo de su gobierno, se le abrieron seis casos en su contra por corrupción, mismos que fueron creados por el Poder Judicial. El último, fue en agosto de 2022, en donde se le acusó de fraude en la adjudicación de obras públicas por “licitaciones fraudulentas” por un valor de aproximadamente $30,000 millones de dólares. Dichas licitaciones fueron otorgadas a familiares, amigos o cercanos del presidente. Todo lo anterior, generó la tormenta perfecta para una crisis política que implosionaría al gobierno peruano. (BBC News Mundo, 2022)
¿Y ahora? ¿Qué pasará en Perú? Bueno, parece que si bien llegó el fin de Castillo, el fin de la crisis parece lejano. Con Dina Boluarte como presidenta, se espera una continuación de estas tensiones entre Congreso y Ejecutivo; por lo que es probable que el pueblo peruano se manifieste para lograr generar elecciones para renovar ambos poderes. (Muñoz Ledo, 2022) El meollo del asunto en Perú, me atrevería a decir que es la creciente desconfianza en las instituciones. Esto es lo que hace a Perú verdaderamente ingobernable. Alrededor de 80% de los peruanos creen que la clase política solo se fija en su propia reproducción y auto protección, antes de buscar la justicia en el país. Es imposible sostener una democracia en estas condiciones. En cuanto al futuro en el péndulo político-ideológico de Perú, analistas reconocen que la situación actual puede significar un golpe importante para la izquierda, pero señalan que es importante recordar que la derecha (que cuenta con la mayoría en el Congreso) tiene un rechazo popular del 90%. Estas condiciones apuntan más bien a una descomposición de la clase política que podría facilitar la aceptación de soluciones autoritarias. (Glave, 2022)
Como conclusión, creo que el caso de Perú puede servir como advertencia a toda la región latinoamericana de las consecuencias que trae la polarización extrema. Si no hay estabilidad institucional, no hay estabilidad democrática.
[1] Cabe recalcar que Perú es el único país en el mundo que tiene la vacancia de la presidencia por “incapacidad moral”.
