- Jorge Eduardo Mota Casillas
En enero de este año se cumplieron 20 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), suceso que marcó los últimos meses de la presidencia del entonces mandatario, Carlos Salinas de Gortari. Este evento fue un hito en los movimientos indígenas de nuestro país, especialmente por la organización interna de los pueblos autónomos, que a mi parecer, es un sistema verdaderamente utópico (y lo digo en el mejor sentido de la palabra) por la forma de gobierno que adoptaron, es decir, uno plural donde el poder recaía en la comunidad y no en sus representantes.
Desde ese primer levantamiento, pasaron años en los que el gobierno federal los reprimió, pero para redimirse, instaló una mesa de diálogo, donde se acordó que se reformaría qla constitución, aunque esta nunca llegó.
Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar buscaban reconocer y garantizar los derechos de los pueblos originarios. Entre los puntos más importantes eran el respeto de la autonomía de las comunidades indígenas, incluyendo su libre determinación y el respeto a las tierras y territorios indígenas.
El -hoy extinto- Partido de la Revolución Democrática, presuntamente de izquierda, con 65 diputados en la LVIII Legislatura tenía el compromiso de llevar a la constitución los acuerdos de San Andrés Larraínzar de la mano del entonces presidente opositor Vicente Fox Quesada. Esto hubiera sido marcado como el congreso que reguló el derecho indígena, y como en todas las historias, hay eventos afortunados y desafortunados, que en este caso fue una reforma constitucional, aunque incompleta y que no atendía ni a los acuerdos ni a las necesidades de las comunidades originarias.
Por un lado, se logró que el 14 de agosto de 2001 se publicara en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., se reforma el artículo 2o., se deroga el párrafo primero del artículo 4o.; y se adicionan un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Claro, antes las familias en Chiapas tuvieron que ser víctimas de los grupos paramilitares, el ejército, los medios de comunicación y el desplazamiento forzado interno.
Pero hay un problema que en las escuelas olvidamos muchas veces, ¿dónde quedó el Acuerdo de San Andrés Larraínzar?
Antes que nada, debemos tomar un viaje por el 31 de diciembre de 1993. Ese día, se publicaron 10 leyes redactadas por el ejército zapatista, la Ley Revolucionaria de Mujeres, la Ley de Justicia, la Ley de Reforma Urbana, la Ley de Seguridad Social, entre otras; las cuales son destacables por la labor que representan, así como el compromiso con las comunidades originarias de México. Esto al grado de que temas que apenas están en boga por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por el Congreso de la Unión, ya se estaban tratando por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena.
Después de las barbaridades perpetradas por el Estado, llegamos a 1996, donde hay 3 fechas relevantes: el 15 de febrero, el 29 de agosto y el 4 de diciembre.
El 15 de febrero se presentaron los subtemas a tratar en una mesa de diálogo entre los representantes del Ejército Zapatista y las autoridades gubernamentales. Lo que querían atender (a muy grandes rasgos) era el tratamiento legal que tenían los derechos de las personas indígenas, desde su participación política, hasta lo que plantearon en sus leyes de 1994, en las que exigía la lucha en contra de la desigualdad.
El 29 de agosto, el EZLN parecía cansado ya de los diálogos con las autoridades, quienes no tenían un compromiso de dialogar y en consecuencia de negociar. En su comunicado señalaron siete puntos torales, los cuales decían de manera general que: debido a la falta de compromiso no seguirían en los diálogos hasta que no existieran garantías reales en la negociación; que no actuarían de ninguna forma ofensiva, pero que en caso de que el Ejército Popular Revolucionario los atacaran, se defenderían. De igual manera, agradecieron a la Comisión de Concordancia y Pacificación (una instancia legislativa) por los espacios para el diálogo, a pesar de que consideraban que dialogaban con un gobierno terco. Por último, tuvieron dos exigencias a la población y al gobierno, para que se recordara que este movimiento surgió a manos de campesinos armados, no de milicias en el sureste de Chiapas. Incluso en 1994 hicieron público que su objetivo no era el que muchos pensaban, de desestabilizar al país o ser una facción paramilitar, al contrario, era una lucha por la inclusión de las comunidades originarias y por la paz, por lo que invitaban a la comunidad nacional e internacional a movilizarse para que los diálogos fueran fructíferos. Como dice en su declaración de la fecha en cita:
Quinto. No vemos en el EPR (Ejército Popular Revolucionario) a un enemigo ni a un rival. Sin embargo, el EZLN no tiene relación alguna con el EPR y la lógica política y militar del EZLN responde a su situación interna y a sus demandas propias, y no a la lógica de otras organizaciones. El EZLN advierte que los ataques gubernamentales contra el EPR pretenden afectar también a luchadores y organizaciones políticas y sociales que luchan, por medios pacíficos, por la democracia, la libertad y la justicia en México.
A pesar de todo esto, el 4 de diciembre de 1996 parecía que se había concretado el cambio que nuestras leyes tendrían, pero era un rumor. En palabras del Subcomandante Marcos “El rumor no es así, eso que dicen es un rumor sobre el rumor. Lo que acá se rumora sobre el rumor es que el rumor que rumoran es sólo un rumor sobre el verdadero rumor que, como todos saben, es mejor ignorar porque sólo es un rumor.”.
Terminó el sexenio de Ernesto Zedillo y no hubo progreso en nuestro país. Llegó por primera vez un presidente de otro partido y lo más que pudieron hacer fue aprobar una iniciativa con modificaciones, enviada por el entonces presidente Fox Quesada al Senado de la República, esto fue el 25 de abril de 2001, tres días después se aprobó por la Cámara de Diputados por mayoría, todo para que tres días después, el Congreso Nacional Indígena dijera lo que ya se sabía, que la reforma estaba mal. Al momento en que los congresos locales la discutieron, los estados de Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas la rechazaron, pero hubo otros 21 congresos locales que la aprobaron, permitiendo que se hiciera la reforma.
Para sorpresa de nadie, esta reforma se apartaba de los Acuerdos de San Andrés, lo que se puede ver como una simulación legislativa de esas que tanto le gustan al Congreso de la Unión.
Sin más que decir por el momento, parece que recordar el sacrificio de nuestros y nuestras conciudadanas de Chiapas es un pecado, porque hasta el día de hoy, aún con diputaciones indígenas, estos acuerdos siguen siendo parte de uno de los periodos de violencia contra las comunidades originarias perpetradas por el Estado Mexicano.
Democracia, Libertad, Justicia, palabras que hasta el día de hoy siguen siendo la firma de los comunicados del Comité Clandestino Revolucionario Indígena y no una realidad. Lo bueno es que el Congreso ya está aprobando los caprichos de una persona, y no discutiendo los intereses de las comunidades.
En caso de que a alguien le interese leer más sobre el EZLN, les dejo el enlace de Enlace Zapatista: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/.
Referencias
1. El Diálogo de San Andrés y los Derechos y Cultura Indígena. Punto y seguido. (2015). https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/02/15/el-dialogo-de-san-andres-y-los-derechos-y-cultura-indigena-punto-y-seguido/
2. Los Acuerdos de San Andrés, proceso constituyente y reconstitución de los pueblos indígenas. (s.f.). https://www.redalyc.org/jatsRepo
