Alan M. Jiménez Díaz
En semanas anteriores, fuimos testigos de lo que bien podríamos llamar: un embate directo al Estado de Derecho por parte del titular del Ejecutivo Federal. El Presidente de la República ha decidido emprender una campaña de desprestigio en contra del Poder Judicial de la Federación, así como una persecución en contra del Juez de Distrito Juan Pablo Gómez Fierro, esto derivado de la concesión de una suspensión que se otorgó dentro de un juicio de amparo en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
¿A qué se debe el empeño por tratar de denostar a otro poder del Estado y de vilipendiar a sus funcionarios que cumplen con su labor, que es la de mantener las actuaciones tanto del gobierno como de los gobernados dentro de los límites constitucionales?
A continuación explico las razones que considero han sido fundamentales para dar pie a estas agresiones.
En primer lugar, me atrevo a decir que estos acontecimientos son producto del claro desconocimiento de la ley, de sus procesos y recursos. En declaraciones hechas tanto por el propio Presidente, como por la Secretaria de Energía Rocío Nahle, ambos se mostraron sorprendidos por el hecho de “cómo era posible que de facto se resolviera un amparo en un plazo de 24 horas sin un estudio previo” (Aristegui, C. 2021), lo cual a la luz del juicio de amparo, es impreciso. Estimo que si el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, les hubiere explicado la naturaleza y los efectos de la figura de la suspensión dentro del juicio de amparo, lograrían entender que es la propia ley la que marca un plazo de veinticuatro horas para que el órgano jurisdiccional provea sobre la suspensión y que no hace falta un estudio exhaustivo previo, sino que es suficiente la existencia de la apariencia del buen derecho para que se conceda la medida cautelar de la suspensión provisional y posteriormente se pronuncie sobre la suspensión definitiva, en tanto se resuelve el amparo en lo principal.
En palabras del Ministro Presidente Arturo Zaldívar, en la suspensión “se trata de que el juez realice un análisis preliminar de la probable inconstitucionalidad del acto reclamado, con la idea de que en los casos arbitrarios, el quejoso no sufra injustificadamente la afectación derivada de un acto de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto” (Zaldívar, A. 2002). De la misma forma, el Consejero Jurídico omitió indicarles que existe el recurso de queja que se interpone en contra de la suspensión y se encuentra previsto en la propia Ley de Amparo, la cual preve que dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, un Tribunal Colegiado de Circuito puede confirmar, negar o modificar dicha suspensión. Entiendo que, ni el Presidente López Obrador ni la Secretaria Nahle sean expertos en la técnica jurídica dadas sus formaciones en ciencia política e ingeniería respectivamente, y que el Consejero Jurídico omitió señalar lo anterior, ya que, a pesar de su formación profesional de licenciado en derecho, Julio Scherer Ibarra, hijo del reconocido periodista don Julio Scherer García, nunca ha ejercido la práctica de la abogacía.
Del mismo modo, considero que el presidente busca reducir un debate estrictamente jurídico a uno meramente político. Pareciese que, pretende obtener mediante su clásica retórica de nosotros los buenos y ustedes los malos, lo que no logra demostrar dentro del juicio, como si el principio de legalidad resultase una piedra incómoda en su zapato, de la cual se debe deshacer sin importar el costo. Es bien sabido que, nunca ha visto en un plano de igualdad y de respeto al Poder Judicial de la Federación. Clara prueba de ello han sido las diversas y desafortunadas declaraciones que ha hecho a lo largo del tiempo, como aquella vez en 2018, cuando durante un acto de campaña tildó de “alcahuetes de la mafia del poder” (Cervantes, O. 2018) a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que no han hecho nada en beneficio del pueblo de México. Más aún, ha manifestado un claro desprecio por aquellos que en apariencia no comulguen con su proyecto político, como es el caso de los abogados defensores de las empresas eléctricas, a quienes desde su tarima ha calificado de “traidores de la patria” (Domínguez, P. 2021), como si fuese indigno ejercer su profesión, o como si las empresas no tuviesen derecho a acudir a los tribunales a defender sus intereses.
Estimo que sería conveniente que alguien le recordara que su popularidad no lo legitima para intentar sobreponerse a otro poder del Estado. Como bien lo apunta la Doctora Ana Laura Magaloni:
“si el Presidente no acepta los límites constitucionales que marquen los tribunales federales, volvemos a un régimen autoritario, es decir, un régimen donde el poder, particularmente el Ejecutivo, tiene límites políticos pero no jurídicos” .
(Magaloni, A. 2021) AMLO y los límites jurídicos.
La cuestión es clara: si pretendemos vivir dentro de un Estado democrático, liberal y de derechos, debemos velar en todo momento por la no invasión a las esferas de competencia de los Poderes de la Unión. Así lo establece nuestra Constitución, diversos tratados y organismos internacionales, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene jurisdicción en nuestro país.
Es preciso reconocer que la respuesta emitida por parte del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el Ministro Arturo Zaldivar, fue institucional, reafirmando el respeto a los principios de autonomía e independencia que conlleva la función jurisdiccional y sus garantías. En suma, es importante tener presente que un juzgador jamás se debe doblegar ante las amenazas, sino que por el contrario, deberá responder única y exclusivamente a la defensa del texto constitucional y los derechos ahí plasmados, nunca a intereses políticos, aún cuando estos sean dictados desde el púlpito presidencial.
Bibliografía
1. Aristegui, C. (2021). Vamos contra juez que suspendió la ley eléctrica; “no tiene ni idea el señor”. 12 Abril 2021, de Aristegui Noticias Sitio web: https://aristeguinoticias.com/1203/mexico/vamos-contra-juez-que-suspendio-la-ley-electrica-no-tiene-ni-idea-el-senor-rocio-nahle-video/
2. Zaldívar, A. (2002). Hacia una nueva Ley de Amparo. Ciudad de México: UNAM. p.91.
3. Cervantes, O., & Rueda, R. (2018). AMLO califica como ‘alcahuetes’ y ‘maiceados’ a ministros de la SCJN. 12 Abril 2021, de El Financiero Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-califica-como-alcahuetes-y-maiceados-a-ministros-de-la-scjn/
4. Domínguez, P.. (2021). Abogados que defiendan a empresas contra reforma eléctrica cometen traición: AMLO. 14 Abril 2021, de Milenio Sitio web: https://www.milenio.com/politica/amlo-abogados-reforma-electrica-cometen-traicion
5 Magaloni, A. (2021, Marzo 27). AMLO y los límites jurídicos. Reforma.
