- Rodolfo Ruiz Crescencio
El sistema de justicia en México, particularmente su sistema punitivo carcelario, ha sido caracterizado por una enorme cantidad de casos de impunidad y corrupción, a partir de los cuales se ha construido un estado fallido en el que predominan las desigualdades sociales y una violencia sistemática por parte del crimen organizado e, incluso, del mismo gobierno mexicano.
A partir de esto, diferentes segmentos de la población se han levantado para alzar la voz en contra de estas injusticias, pues consideran se trata de una problemática generalizada que nos afecta a todos. No obstante, si algo es importante señalar es que, tratándose de un país donde las desigualdades sociales han construido un abuso sistemático hacia ciertas minorías en específico, la opresión y violencia que se da a partir del sistema carcelario ha afectado a ciertos cuerpes en concreto, los de las mujeres; personas racializadas; y personas sin poder adquisitivo.
En este sentido, es necesario realizar una critica al sistema carcelario bajo, al menos, tres ejes: la criminalización de la pobreza, el racismo institucionalizado y la violencia en contra de las mujeres. Pues a partir de esto, se han dado infinidad de irregularidades y violencias que perpetúan el estatus quo.
Lo anterior, se puede ilustrar a partir del contexto político mexicano, ya que desde el sexenio de Felipe Calderón se dio un punto de inflexión en contra de las poblaciones indígenas. Estoy hablando de los tres cambios políticos e institucionales en el estado mexicano (La Reforma Constitucional, la desaparición de la CDI y la “guerra contra el narcotráfico”), los cuales presuponen una amenaza directa a las poblaciones indígenas, en particular, a las mujeres indígenas, quienes han sido las minorías más afectadas dentro de estas modificaciones. En concreto:
“el discurso del multiculturalismo fue sustituido por un nuevo discurso que hacía referencia a los pueblos indígenas como personas pobres que era necesario incorporar al desarrollo, o cómo agentes desestabilizadores que atentaban contra la seguridad nacional”
En este sentido, la idea del multiculturalismo que, aunque sin tanto éxito, pretendía la defensa de los pueblos indígenas y la necesidad de reconocer sus identidades culturales, fue totalmente erradica. Provocando, por ende, una serie de políticas y lógicas de criminalización en contra de estos sujetos, ya que al no haber un reconocimiento de elles: o simplemente se consideraban campesines pobres quienes debían incluirse al desarrollo económico y social; o eran considerades delincuentes pertenecientes al crimen organizado.
Por consiguiente, se dio una criminalización de la pobreza que tiene sus orígenes en la cooptación de los pueblos indígenas por las redes del narcotráfico. Anudado o, más bien ignorando, el incumplimiento de la labor del estado para garantizar los DESCA y, en general, los derechos políticos y sociales que garanticen la seguridad de estos pueblos frente a la violencia sistemática del narcotráfico.
En este mismo sentido, se condenó hacía cualquier forma de resistencia dentro de estas comunidades. Tal como lo fueron Kenia Hernández o Nestora Salgado, ambas mujeres indígenas encarceladas arbitrariamente por parte del gobierno mexicano y que han luchado por los derechos de sus comunidades bajo la insignia del respeto a su autonomía, así como también el rechazo a las grandes empresas capitalistas.
Así, las políticas públicas desde el sexenio de Felipe Calderón se han convertido en una serie de criminalizaciones, culpabilizaciones y revictimización hacía los pueblos indígenas, como si ellos fueran la raíz del problema y, consigo, a quienes hay que exterminar para erradicarlo. Cuando, en realidad, representan el eslabón más bajo del crimen organizado. O, en el caso de quienes resisten al estado neoliberal, simplemente defienden su autonomía como pueblos originarios, en contra de los falsos ideales modernos del “progreso” (bajo los cuales, de hecho, históricamente se ha dado la opresión en contra de estas poblaciones).
En este sentido, es muy importante desarticular la retórica de las cárceles como sinónimo de justicia. Ya que, aunque no pretendo desacreditar la experiencia de miles de victimas que han padecido una injusticia, es muy importante comenzar a darle visibilidad y voz a todes aquelles que también han sido violentados por nada más y nada menos que el sistema que, en principio, debía garantizar sus derechos. Consigo, la denuncia que debemos realizar es en función de este sistema carcelario que crea, produce y reproduce lógicas coloniales/imperialistas/sexistas/capitalistas, pues es a partir de esto que se ha institucionalizado y normalizado la violencia
Bibliografía
1. Lucia Espinoza, RACISMO ESTRUCTURAL Y TRAYECTORIAS DE RESISTENCIA: UN MODELO PARA EL ANÁLISIS DE LA RECLUSIÓN EN MÉXICO, Humanitas, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2020.
2. Mario Andrés Hurtado Cardozo, POLÍTICA CRIMINAL EN MÉXICO Y SU IMPACTO EN LOS DERECHOS DE SEGURIDAD JURIDICA DE MUJERES INDIGENAS. CASO NESTORA SALGADO, Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales, 2016.
3. Rosalva Aida Hernández, ¿Del Estado multicultural al Estado penal? Mujeres indígenas presas y criminalización de la pobreza en México]
