Javier Antonio Martínez Quintanilla
El año 2021 nos recibió con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Propuesta cuyo contenido ha provocado ―desde entonces― gran controversia dentro de la opinión pública, dadas sus serias repercusiones en materia ambiental y económica. Tiempo después, en marzo, la mencionada iniciativa de reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión de manera íntegra, esto es, sin que ninguna de las cámaras modificara una sola coma.
No obstante, pasado poco más de un día de haber entrado en vigor, la reforma fue suspendida provisionalmente por el juez titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, debido a un juicio de amparo promovido en contra de las nuevas disposiciones. El juez decidió que los efectos de la suspensión serían generales, es decir, que la reforma dejaría de tener efectos para todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y no de forma exclusiva para el promovente. Lo anterior, bajo el supuesto argumento de que si los efectos fueran particulares, el quejoso tendría ventaja frente al resto del mercado.
Naturalmente, la decisión del juez no fue del todo agradable para la agenda de la actual administración, y AMLO decidió enviar una carta al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar. En un escrito de poco más de dos cuartillas, el titular del Ejecutivo solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que iniciara una investigación en contra del juez que suspendió provisionalmente los efectos del decreto por el cual se reformaba la LIE.
Además, con intención de demostrar la gravedad del asunto en cuestión, en la carta se reitera ―como era de esperarse― el discurso que ha propuesto el presidente desde el primer día de su administración, y desde mucho antes: las oscuras fuerzas del antiguo régimen amenazan con la imposición de sus intereses económico-políticos, mediante la corrupción y el influyentismo, y es en vista de ello que dichos actores (incluyó nombres, por cierto) buscan entorpecer los proyectos de la pretendida Cuarta Transformación. Lo de siempre. Sin embargo, llamó la atención ―para mal― un comentario específico dentro de la misma carta: “…sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia, bajo la excusa del Estado de Derecho” (López Obrador, 2021).
En respuesta a la anterior misiva de AMLO, y también por medio de una carta, Arturo Zaldívar le aseguró que su queja sería presentada ante el Consejo, y que, de existir elementos suficientes, comenzaría la investigación solicitada. Inmediatamente después ―y es aquí donde viene lo más importante― el Ministro tomó la afortunada decisión de reiterar aquello que a todos nos viene bien recordar en momentos de tanta presión y polarización: la independencia judicial es presupuesto fundamental e imprescindible de la democracia y del auténtico Estado de Derecho. Sin duda, un recordatorio indiscutiblemente necesario del ministro.
Recientemente se han concedido varias suspensiones definitivas a la reforma eléctrica, después de que más de cien solicitudes de amparo así lo han exigido. De esta manera, podemos estar seguros de que la reforma, para bien de unos y para mal de otros, estará en el congelador por tiempo indefinido.
El tema de fondo que nos atañe hoy, más allá de una polémica reforma que nos sirve de ejemplo, es la independencia judicial. El licenciado en Derecho José Carreño Carlón anota que “el caso [de la reforma eléctrica] se ha convertido en la prueba de fuego para sostener e incluso recuperar la independencia del Poder Judicial frente a un Poder Ejecutivo contrario a los contrapesos, renuente a la rendición de cuentas y reductor del Estado de Derecho a la condición de ‘excusa’” (Carreño Carlón, 2021).
Por otro lado, referente a la solicitud de investigación de AMLO, el reconocido abogado Jaime Cárdenas ha asegurado que “no procede investigar disciplinariamente a un juez por criterios judiciales. No procede hacer eso porque se vulnera la independencia judicial interna de un juez” (Irma Ortiz, 2021). Es evidente, que sí se difiere con una resolución judicial, existen para ello mecanismos de impugnación; una investigación al juez basada en su criterio jurídico, es inconcebible. El licenciado en Derecho por la UNAM continúa diciendo que disentir de la decisión de jueces “no te da motivo para que los investigues disciplinariamente, porque la investigación disciplinaria tiene por fin no modificar tu resolución, tiene por propósito destituirte del cargo, inhabilitarte” (Irma Ortiz, 2021).
En definitiva, considero valioso recordar que cualquier actitud, gesto o acción, proveniente de cualquier poder, en este caso del Ejecutivo, que abuse de los límites de la competencia que le ha sido concedida y estrictamente delineada por la Constitución, pone en total entredicho la democracia del régimen que nos gobierna y, por ende, es algo que debería de preocuparnos y mantenernos en estado de alerta.
¿Un final feliz para para la independencia judicial y para la reforma eléctrica? Pues, por el momento: ni final, ni feliz.
EXTRA: En los últimos días, Andrés Manuel López Obrador ha afirmado en una de sus conferencias matutinas que, de declararse inconstitucional su reforma eléctrica, presentará otra iniciativa, pero esta vez no a una ley secundaria sino a la Constitución misma. Sería bastante predecible que el presidente buscará modificar el texto constitucional en orden a materializar los fines de su agenda política. Sin embargo, MORENA y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada necesaria en el Senado para reformar la Carta Magna. Veremos.
Bibliografía
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