José Marcos Chavez Tellez
En marzo de este año, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrentaron de nueva cuenta, esta vez, como consecuencia de un acuerdo adoptado por el Consejo General del Instituto que afectaría la mayoría con la que el partido fundado por AMLO cuenta hoy dentro del Congreso de la Unión. Sin embargo, de acuerdo con el órgano electoral, la medida únicamente busca erradicar la sobrerrepresentación legislativa en esta y nuevas legislaturas. El partido no ha escatimado esfuerzos en lanzar ataques contra el organismo e impugnó la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La sobrerrepresentación legislativa es una figura recurrente en todas las democracias representativas, esta refiere a la incorrecta proporción entre el número de espacios obtenidos en las Cámaras y el número de habitantes representados por cada uno. Es decir, sucede cuando alguna fuerza política obtiene una cantidad de curules mayor a la que le corresponde por el porcentaje total de votos que obtuvo en las urnas. Dicho fenómeno afecta de forma negativa el principio de igualdad, éste, fundamental en el proceso electoral del país.
El orden jurídico mexicano, reconoce la sobrerrepresentación desde 1996. El artículo 54 de la Constitución Mexicana establece que “en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. A pesar de lo anterior, distintas reformas electorales han dificultado el control sobre el número de representantes que forman parte de una misma fuerza política. En 2007, una reforma permitió que, en las coaliciones, cada partido recibiera la votación individualmente, además de poder registrar como candidatos propios a militantes de alguno de sus aliados. Una vez dentro de la Cámara, los legisladores podrían cambiarse de grupo parlamentario de forma libre, pues no existen restricciones legales que lo eviten.
Aunque esta controversia parece reciente, la sobrerrepresentación no lo es. En 2012, la alianza PRI-PVEM controlaba 8.2% más de las diputaciones que por votación le correspondían. Lo mismo sucedió en 2015, cuando la misma coalición disfrutó de una sobrerrepresentación de 9.7%. En 2018, con los resultados electorales, fue MORENA y su coalición quienes, al conseguir 10% más de los lugares que por voto le hubieren sido asignados, gozó de una mayoría envidiable.
En los últimos tres años, 143 miembros de la Cámara Baja han cambiado de bancada; de ellos, 112 corresponden a movimientos entre los partidos que forman la coalición “Juntos Haremos Historia”, que permitieron avanzar la mayoría que ya poseía el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Hoy, de haber comenzado la legislatura con 190 diputados, este cuenta con 257 en su grupo parlamentario. Morena, junto con el PRI (que obtuvo dos curules más de con las que comenzó), es el único partido que creció en representación en el Congreso.
El 19 de marzo de este año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados, que correspondan a los partidos políticos nacionales con base en los resultados que obtengan en la jornada electoral a celebrarse el seis de junio de dos mil veintiuno. Entre las medidas que el Consejo decidió tomar, se encuentra la comprobación de la afiliación efectiva de candidatas y candidatos. Esto significa que el INE contabilizará el asiento ocupado para el partido en el que la persona candidata tenga militancia, sin importar el partido que lo haya propuesto.
Debido a esto, el presidente de Morena, Mario Delgado, acusó al Instituto de querer perjudicar su proyecto político con fines partidistas, por lo que Morena y el Partido Encuentro Social (PES) impugnaron los criterios ante el Tribunal Electoral. Los partidos argumentaban que el INE utilizó la facultad legislativa, exclusiva del Congreso y modificó la conducción del proceso electoral cuando este ya había comenzado. La Sala Superior del TEPJF determinó por unanimidad que el INE no había excedido sus facultades, pues estos criterios, en palabras del magistrado Felipe Fuentes,
Son un parámetro objetivo que obedece al hecho de que el (INE) identificó una alteración relacionada con los límites de sobrerrepresentación que se actualizaría si únicamente se atiende a lo dispuesto en el convenio de coalición para definir la adscripción de una diputación de mayoría relativa a un partido determinado (Fuentes, 2021).
Ahora, el Congreso de la Unión estará obligado a informar a la Sala Superior sobre la conformación de la nueva legislatura para garantizar el respeto a la decisión del INE y la materialización del precepto constitucional.
Con las elecciones intermedias sucediendo en menos de dos semanas, seremos testigos de cómo las nuevas reglas modificarán la conformación de la Cámara Baja y, consecuentemente, del Congreso de la Unión. Solo podemos esperar que la sobrerrepresentación deje de ser un objetivo por el que los partidos políticos, opositores y oficialistas por igual, estén dispuestos a amenazar la existencia misma del INE.
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