- Regina Villalpando Bernal
Hoy en día el pueblo mexicano se encuentra en riesgo de perder la democracia y la soberanía del país, mismos derechos que se han ganado gracias al levantamiento de la voz de la ciudadanía y de líderes nacionales a lo largo de los años. Actualmente, esta lucha transgeneracional se encuentra tambaleando puesto que México enfrenta una serie de propuestas de reformas constitucionales que presuponen un claro retroceso democrático y acarrearían un resultado catastrófico en materia de transparencia gubernamental del país. Dentro de las propuestas más controvertidas y criticadas del llamado “Plan C” propuesto por el presidente López Obrador se encuentran la desaparición de los órganos autónomos, la reforma judicial y la reforma electoral. A lo largo de este artículo se explicará la naturaleza de dichos órganos y la preocupación que entraña su desaparición.
Los órganos constitucionales autónomos tienen su origen en la Constitución y son aquellos encargados de llevar a cabo funciones que por su naturaleza requieren particularmente de conocimientos técnicos especializados, de ahí que se deriva la importancia de su independencia frente a los demás poderes tradicionales, es decir, del poder ejecutivo, legislativo o judicial. Por la composición de sus funciones encomendadas, la autonomía de estos órganos tiene como objetivo garantizar que se vele por la mayor imparcialidad y transparencia de decisiones sin que medie ningún tipo de influencia política, construyendo así un pilar fundamental para la vida democrática de la nación. Dichos órganos reguladores son indispensables para un Estado de Derecho y a través de ellos se fomenta la inversión extranjera, la seguridad jurídica, la rendición de cuentas, la transparencia, el cumplimiento de tratados y compromisos internacionales, entre otras funciones de igual relevancia.
La reforma para la eliminación de órganos constitucionales autónomos tuvo su primer avance el pasado 23 de agosto del año en curso al aprobarse por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el decreto de simplificación orgánica. Dicho decreto pretende extinguir los siguientes siete órganos: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNDH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). Es importante destacar que cada uno de estos órganos cumplen funciones indispensables para garantizar nuestros derechos fundamentales como ciudadanos y que todos nos hemos visto beneficiados directa o indirectamente por ellos.
En el caso de la materia de competencia económica, las decisiones técnicas y autónomas han brindado protección a los consumidores y han impedido los monopolios, equilibrando el valor de mercado en los productos y servicios que consumimos en nuestro día a día. En materia de telecomunicaciones, han realizado importantes avances para el facilitamiento de acceso a los medios de telecomunicación y radiodifusión para los usuarios, garantizando los derechos humanos a la libertad de información, libre expresión y transparencia de comunicación. Por otro lado, en materia energética se ha fomentado la inversión extranjera garantizando la libre competencia y seguridad jurídica que tienen las empresas privadas nacionales e internacionales frente a la empresas productivas del Estado, lo que ha sido más atractivo para incentivar inversiones en el país, y por lo consecuente ha tenido un impacto benéfico en la economía. Con respecto al INAI, la propuesta ha causado mayor preocupación ya que se pretende que sus funciones sean trasladas a la administración pública federal y otros órganos federales; en otras palabras, a las funciones del poder ejecutivo. Lo anterior, debilitaría los pesos y contrapesos con el que todo Estado de Derecho debe contar para un funcionamiento efectivo y disminuiría notablemente la garantía de los derechos humanos.
Si bien es cierto que es necesario realizar mejoras en la efectividad de las funciones desempeñadas por los órganos autónomos, las propuestas deberían de ir encaminadas a fortalecer las estructuras orgánicas y funcionamiento de dichos órganos, no a su extinción. La eliminación de estos significaría un notable retroceso a la democracia que ha venido evolucionando en los últimos 20 años y en definitiva no es una solución a los problemas que se pretenden atacar, como lo son la corrupción y la desviación de fondos. Un sistema jurídico que concentra el poder en un solo pilar gubernamental y no promueve órganos especializados o de vigilancia fuera del ámbito político, abre las puertas a múltiples violaciones de derechos humanos, represión y autoritarismo que nos afecta a todos como nación. Por lo anterior, es crucial que tomemos plena conciencia de los cambios que se están proponiendo en nuestro país y asumamos nuestra responsabilidad cívica de defender nuestra democracia. Como ciudadanos, tenemos el poder de actuar y detener cualquier amenaza que podría llevarnos a un desenlace catastrófico.
Referencias
El País. (2024, agosto 28). Órganos autónomos: Qué son y qué implica la reforma para desaparecerlos. https://elpais.com/mexico/2024-08-28/organos-autonomos-que-son-y-que-implica-la-reforma-para-desaparecerlos.html
Ugalde Calderón, F. V. (2024). Los órganos constitucionales autónomos: Una perspectiva desde el Poder Judicial. Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/29/Filiberto%20Valent%C3%ADn%20Ugalde%20Calder%C3%B3n.pdf
