Gustavo López Nachón
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020 elaborada por el INEGI y el INE, el 40% de las y los mexicanos estaría de acuerdo con un gobierno dirigido por militares y el 80% favorece que el gobierno se encuentre a manos de un líder político fuerte. Esta amplia y preocupante aceptación por parte de la población de un ejercicio de la autoridad estatal a cargo de una “mano dura” es una trágica paradoja en un país en el cual, a través de las décadas, pero sobre todo acelerándose en los últimos años, se ha dado un proceso de militarización de la seguridad pública que ha contribuido en sobremanera a ensangrentarlo.
En su texto “Militarización de la seguridad pública en México y sus fundamentos legales”, Lisa María Sánchez Ortega, directora general de México Unido Contra la Delincuencia, señala los rasgos característicos de un proceso de militarización de la seguridad pública, a saber: la injerencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, la subordinación en la ejecución de operativos y toma de decisiones de la fuerza policial a la autoridad militar, la presencia de militares en posiciones clave en materia de seguridad, etc. Esto no es producto de un golpe de estado, sino que se da cuando la autoridad civil convoca a participar a las fuerzas armadas en tareas fuera de su competencia y expanden progresivamente su poder y presencia en la vida pública. Como un ejemplo reciente, podemos mencionar la reforma al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal llevada a cabo en enero de este año (Diario Oficial de la Federación, 11 enero 2021), la cual otorga poderes discrecionales al Ejecutivo para encomendar a las fuerzas armadas los “servicios civiles” anteriormente reservados a la burocracia.
Este fenómeno, pese a haber tenido un desarrollo gradual a lo largo de décadas, con antecedentes como la Operación Cóndor en 1975 (uno de los primeros operativos antidrogas llevado a gran escala por el Ejército mexicano), se ha intensificado de forma considerable en los últimos sexenios, incluyendo al presente. Si bien fue el presidente Felipe Calderón quien inicialmente tomó la decisión de realizar un combate “frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado”, teniendo como consecuencia colateral el aumento en la tasa de homicidios de 8 por cada 100,000 habitantes a inicios del sexenio a 24 por cada 100,000 para el 2011, esta política no ha hecho más que consolidarse en la actual administración. El polémico decreto presidencial del 11 mayo de 2020, en el cual se faculta a las fuerzas armadas a trabajar en apoyo de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta el 2024 (Diario Oficial de la Federación, 11 de mayo 2020), obedece a la misma lógica, elevando el despliegue de soldados a niveles mayores a los conocidos durante los sexenios de Calderón y de Peña Nieto. Son muchos quienes, tanto desde la opinión pública como desde organismos de protección a los derechos humanos, advierten de los peligros de continuar por la senda de la militarización. Esto porque, primeramente, expone a los civiles a la fuerza letal de quienes están adiestrados para ejercerla y, en segundo lugar, retrasa el proceso de construcción de la paz en México.
Es con sobrada razón que, en el contexto del decreto presidencial anteriormente mencionado, el ministro en retiro José Ramón Cossío señaló que:
“Seguir borrando las diferencias, seguir incluyendo a los militares en las acciones ordinarias, es algo que ni a la sociedad ni a los cuerpos militares conviene. A los primeros, porque recibirán las violencias cotidianas de quienes están entrenados para serlo. A los segundos, porque se les exigen conductas que no pueden tener respaldo jurídico, por razón de sus tiempos y modos de actuación”.
Este contacto de la población civil con las fuerzas armadas cuya disciplina y formación los orienta a la confrontación, ha sido causa de episodios lamentables en los que reaccionan a las situaciones que se les presentan haciendo un uso desproporcionado de la fuerza. Son numerosos los casos en los que se cometen flagrantes violaciones a los derechos humanos, tales como ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura. El historial de las fuerzas armadas en este ámbito es escalofriante: de enero de 2007 a junio de 2017 el Ejército y la Marina fueron las instituciones de seguridad que más cometieron violaciones graves a los derechos humanos, todo esto catalizado por su intromisión cada vez mayor en la vida de las y los mexicanos producto de la guerra contra el narco.
Incluso teniendo en cuenta esta estremecedora evidencia en contra de la actuación de las fuerzas armadas, los legisladores no se han dado a la urgente tarea de elaborar la legislación secundaria pertinente para regular los términos en los que estas habrán de participar en las labores de seguridad pública. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado esta situación y el peligroso vacío jurídico que da pie a que se produzcan graves violaciones a los derechos humanos como consecuencia de la falta de seguridad jurídica.
Por todo lo anteriormente mencionado, es imperativo que, como ciudadanas y ciudadanos, prestemos minuciosa atención al peligroso proceso de militarización que vivimos en el país. Es necesario que, para cumplir con el fin de proteger socorrer a la población y preservar el Estado de derecho, tanto las fuerzas armadas como todo poder público sean sometidos a un exhaustivo escrutinio de sus actividades bajo la óptica de la legalidad y de los derechos humanos.
Bibliografía
1. Zedryk Raziel. (2021). El 40% de los ciudadanos aceptaría un gobierno militar en México, según INEGI. 4 de abril de 2021, de Animal Político Sitio web: https://www.animalpolitico.com/2021/03/mexicanos-a-favor-lider-unico-gobierno-militar/
2. Diario Oficial de la Federación (2021, 11 de enero). DECRETO por el que se adiciona una fracción XX al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ciudad de México, México: Secretaría de Gobernación. Sitio web: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609669&fecha=11/01/2021
3. Diario Oficial de la Federación (2020, 11 de mayo). ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Ciudad de México, México: Secretaría de Gobernación. Sitio web: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020
4. José Ramón Cossío Díaz. (2020). Militarizar la seguridad pública: El acuerdo del presidente mexicano ahonda en la confusión entre la seguridad pública y la nacional y desdibuja la condición excepcional de las intervenciones militares. 4 de abril de 2021, de El País Sitio web: https://elpais.com/opinion/2020-05-12/militarizar-la-seguridad-publica.html
5. Redacción. (2021). AMLO ha desplegado más soldados que Peña y Calderón: Amnistía Internacional. 8 de abril de 2021, de El Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-ha-desplegado-mas-soldados-que-pena-y-calderon-amnistia-internacional
6. Lisa María Sánchez Ortega. (2020). La militarización de la seguridad pública en México y sus fundamentos legales. 8 de abril de 2021, de México Unido Contra la Delincuencia Sitio web: https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/SANCHEZ-MILITARIZAC-SDAD-ME%CC%81X.pdf
7. José Ramón Cossío Díaz. (2021). Las consecuencias imprevistas del militarismo en México . 9 de abril de 2021, de Gatopardo Sitio web: https://gatopardo.com/opinion/jose-ramon-cossio-las-consecuencias-imprevistas-del-militarismo-en-mexico/
8. Redacción Animal Político. (2018). Fuerzas Armadas, principales responsables de violaciones a derechos en guerra contra las drogas: estudio. 8 de abril de 2021, de Animal Político Sitio web: https://www.animalpolitico.com/2018/11/fuerzas-armadas-violaciones-derechos/
9. La Redacción. (2020). La CNDH urge definir y regular el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. 4 de abril de 2020, de Proceso Sitio web: https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/6/21/la-cndh-urge-definir-regular-el-papel-de-las-fuerzas-armadas-en-seguridad-publica-244900.html
