- Gabriel de J. Selvas Villafuerte
El régimen político bajo el cual se encuentra estructurado nuestro país se ha visto profundamente amenazado. A través de la expresa pretensión del actual gobierno de reformar la Constitución para que los titulares del Poder Judicial de la Federación sean electos a través del voto directo de la población, Morena busca privilegiar la popularidad sobre la capacidad. Por lo tanto, en aras de preservar un Poder Judicial que se constituya como un contrapeso eficaz ante las irracionales decisiones de los demás poderes de la unión, resulta necesario tener claro que los jueces, por naturaleza, no deben ser representantes de nadie.
A la luz de un previsible contexto de enfrentamientos entre los diversos poderes de la unión, el partido oficialista que actualmente controla a los poderes Ejecutivo y Legislativo pretende influir en el Poder Judicial de la Federación desde adentro. López Obrador ha anunciado que buscará presentar una iniciativa para reformar la Constitución y que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal sean electos mediante el voto directo de la población. Pretendiendo privilegiar la popularidad por encima de la capacidad.
Morena pretende que el proceso para designar a los miembros del Poder Judicial Federal se lleve a cabo de manera similar a como funcionan las elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Sus argumentos se basan en que de esta manera sería la propia democracia la encargada de legitimar al Poder Judicial y de decidir quienes fungirán como titulares del Supremo Poder de la Federación. Dejando bajo la decisión directa de la ciudadanía la elección de aquellas personas que en su cargo tendrán la responsabilidad de limitar al poder público para evitar que se abuse de él.
En el actual sexenio, las diversas posturas del Poder Judicial de la Federación (encabezadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por distintos tribunales y juzgados federales) le han sido suficientes para consolidarse como un eficiente contrapeso ante el ejercicio abusivo del poder. A través de la función judicial a nivel federal se ha logrado garantizar un sistema de justicia imparcial a la luz de la Constitución, cuidando que ni el presidente ni los legisladores se extralimiten en sus funciones y evitando la concentración excesiva del poder en manos del partido político oficialista.
En este sentido, ha sido el Máximo Tribunal Constitucional del país la instancia que, calificada por la capacidad, imparcialidad e independencia de la mayoría de los ministros, esencialmente ha fungido como filtro de control sobre las decisiones que del rumbo del país se toman. La SCJN se ha encargado de garantizar que las decisiones del gobierno sean sometidas a un escrutinio adecuado, velando porque las acciones y políticas públicas incitadas por el presidente se ajusten de manera estricta a la Constitución y a las leyes.
Por lo tanto, en un contexto político como el que nos acontece resulta necesario advertir que, si la elección de los jueces, magistrados y ministros se diera mediante votación directa, tanto el proceso de selección como el propio funcionamiento del Poder Judicial podrían verse politizados. El procedimiento de votación que el partido oficialista pretende impulsar traería como inevitable consecuencia que los candidatos realicen campañas electorales bajo el mando de los partidos políticos, quienes arrastrarían sus intereses partidistas y su agenda política al proceso de selección.
Además, es evidente que la propia ciudadanía se vería incitada a votar por los candidatos del partido por el que sientan preferencia sin un proceso de elección objetivo y a conciencia. Si los votantes no tienen el conocimiento idóneo o la información suficiente para tomar decisiones informadas sobre los candidatos a ser titulares del Poder Judicial de la Federación, podría haber un alto riesgo de elegir a candidatos que no sean idóneos para el cargo, vulnerando así, como consecuencia, la propia esencia de la división de poderes.
En una realidad política como la de nuestro país, la protección a la función judicial federal se debe volver una estricta y necesaria tarea tanto para los legisladores de la oposición como para la sociedad civil toda vez que, en palabras de Montesquieu: “Para que no pueda abusarse del poder, es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder contenga al poder”.
Bibliografía
1. Barón de Montesquieu, C.L. (1906). El Espíritu de las leyes. (S. G. Del Mazo, Trad.). Librería General de Victoriano Suárez. (Obra original publicada en 1748)
