- Cecilia Gabriela Rodríguez Quintero
En México cada año ser mujer es más peligroso. En nuestro país más del 70% de las mujeres han sido víctimas de un tipo de violencia por razones de género, y algunos de los delitos que se han disparado en contra de las mujeres y las niñas los últimos años han sido violación, lesiones, abuso sexual, violencia familiar, trata y feminicidio, este último con cifras alarmantes. Por lo menos desde 2018, se contabilizan más de 17 mil mujeres víctimas de feminicidio u otras muertes violentas, es decir que, por día, 10 mujeres son privadas de la vida por el hecho de ser mujeres (El País, 2022).
Las manifestaciones de estas violencias cada vez más extremas y sistemáticas en contra de las mujeres han propiciado la exigencia de justicia al Estado como ente encargado de velar por la garantía del derecho de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. No obstante, las exigencias para atender la problemática y las respuestas que se ofrecen desde la agenda pública, han dejado la vara muy corta, al focalizarse en respuestas punitivistas que no van más allá de exigir la tipificación de nuevas conductas y el aumento de penas de delitos en materia de género.
Al respecto, especialistas han mencionado en reiteradas ocasiones que la tipificación de conductas y la maximización de las penas no reducen el índice de la criminalidad. Además, si le sumamos el factor de impunidad, que en delitos cometidos en contra de las mujeres es muy alta, dejan al descubierto que sólo el 2% de las mujeres víctimas de violencia recibieron atención y que aproximadamente el 80% feminicidios no han sido resueltos con una sentencia condenatoria (Infobae, 2021).
Desde esta perspectiva, decir que el 80% de feminicidios no han sido resueltos tiene muchas implicaciones para las víctimas indirectas no sólo porque las priva de su derecho de acceder a la justicia, sino porque además, en el camino muchos otros derechos como la reparación, la verdad y la memoria les son violados debido a que regularmente son expuestas a una doble violencia: institucional y estructural. Por ejemplo, en el diálogo con las autoridades, muchas de las víctimas se enfrentan a barreras burocráticas, corrupción o negligencia que se traducen en prácticas de revictimización, lo que puede generar el aumento de los malestares psicológicos y en ocasiones físicos y económicos.
Un proceso penal además también genera esfuerzos económicos extraordinarios para las víctimas. A pesar de que en algunas ocasiones pueden contar con acompañamiento jurídico gratuito, tener que trasladarse a la fiscalía, a los juzgados y además hacerse cargo de otros dependendientes económicos, como las niñas y niños huérfanos de feminicidio, puede representar para estas cargas que no puede sostener el sistema penal, pues no está diseñado para garantizar estas necesidades en cuanto se resuelve el delito en cuestión.
Por si fuera poco, una sentencia condenatoria no te garantiza más que una persona privada de su libertad, pues si deseas acceder a la reparación integral del daño, previamente será necesario que las víctimas tengan en un primer momento el reconocimiento como tales, es decir, un órgano del estado se encarga de reconocer tal estatus, para con ello poder acceder a las medidas de reparación que ofrecen las comisiones de víctimas como apoyo durante el proceso y una vez finalizado, vía administrativa adicional al juicio penal, el acceso a la reparación integral del daño conforme a los estándares nacionales e internacionales en la materia.
Por lo anterior, desde algunas de las posturas del feminismo anti punitivo se reconoce que al menos en materia de género, el Estado y muy particularmente su sistema penal, quedan muy cortos al no ofrecer a las víctimas la garantía integral del derecho humano de acceso a la justicia y, podría aseverarse que ni siquiera se considera la garantía de otros derechos como a la verdad, la memoria y reparación integral.
En este sentido cobra relevancia preguntarse, ¿el sistema penal ofrece justicia para las víctimas de este país? o de una manera más profunda, ¿no hay justicia fuera del sistema penal? ¿Cómo cumple el Estado con sus obligaciones prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres? ¿No resulta inhumano exigir a las víctimas someterse al sistema penal para obtener justicia y reparación que quizás nunca llegarán? Lo dejo sobre la mesa: las mujeres víctimas de violencia de género en este país merecen más que respuestas punitivistas.
Bibliografía
1. El País (2022), Radiografía de un país que mata a sus mujeres: 17.776 asesinadas en cinco años, consultado en: https://elpais.com/mexico/2022-11-25/radiografia-de-un-pais-que-mata-a-sus-mujeres-17776-asesinadas-en-cinco-anos.html fecha de consulta: 13 de febrero de 2023.
2. Infobae (2022), Solo el 20% de los feminicidios en México tienen sentencias condenatorias: Conavim, consultado en: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/10/solo-el-20-de-los-feminicidios-en-mexico-tienen-sentencias-condenatorias-conavim/ fecha de consulta: 13 de febrero de 2023.
3. Imagen: Fotogalería de Carolina Jiménez & Estación Foto en: https://www.diariomarca.com.mx/2022/03/fotogaleria-salen-a-las-calles-para-pedir-justicia-por-feminicidios-en-oaxaca/
