- Julio Sánchez
Si bien es verdad que el Poder Judicial en México siempre ha dejado mucho que desear, el actual Poder Ejecutivo Federal no ha ayudado a que dicha situación mejore. Al día de hoy, el Poder Judicial se ha visto atacado desde distintos frentes. Por un lado, desde la Administración Pública, en repetidos ataques e intentos de restarle legitimación al sistema de justicia mexicano; y ahora, por parte del Poder Legislativo en su afán de recortar el presupuesto correspondiente al Poder Judicial.
Si entendemos que México es uno de los países con peor presupuesto asignado a su Poder Judicial podremos entender el peligro que conlleva recortar aún más dicha asignación de recursos. Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los países que menos porcentaje de su Producto Interno Bruto destina a la impartición de justicia1. En 2021, México destinó el 0.63% de su PIB en el sistema de justicia y seguridad pública. Esto es menos de la mitad del promedio de dicha organización, equivalente al 1.76% del PIB. México se encuentra por debajo de países como Irlanda, Dinamarca y Noruega; los cuales, con situaciones sociales más favorables, destinan mayor presupuesto a su impartición de justicia.
La edición 2023 del Índice de Paz de México evidenció el ineficiente y rebasado sistema de impartición de justicia en nuestro país. Según datos de dicho documento, por cada 100,000 habitantes, México cuenta con 4.4 jueces y magistrados2. Esta cifra no es ni siquiera equivalente a la cuarta parte del promedio a nivel mundial que establece un promedio de 19 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes.
En el entendido que, según datos publicado por la OCDE, países con situaciones sociales, económicas y políticas más estables que la nuestra, destinan mayores recursos para reforzar sus respectivos sistemas de justicia, resulta evidente que la estrategia en México no está funcionando. Esto se debe, entre muchos factores, al enorme problema de corrupción que enfrenta el país, no solamente en el Poder Judicial, sino que en todos y cada uno de los ámbitos de la vida pública.
Ahora bien, el Poder Legislativo, liderado por la mayoría morenista, ha planteado la idea (más bien amenaza) de recortar el presupuesto correspondiente al Poder Judicial por hasta 25,000 millones de pesos (29% menos de lo solicitado). Es decir, si México tiene uno de los peores presupuestos a nivel mundial, ahora sería aún peor.
Es importante destacar el papel que juega el Poder Ejecutivo, representado por Andrés Manuel Lopez Obrador, en el recorte presupuestario. Si bien es cierto que no es facultad ni responsabilidad del presidente fijar el Presupuesto de Egresos de la Federación, es evidente la influencia que él tiene sobre este. La actual administración de Lopez Obrador, es la primera en tres sexenios en reducir el presupuesto a la Judicatura Federal. En administraciones pasadas, siempre se vio incrementado dicho presupuesto. Con Vicente Fox, un 69%, con Felipe Calderón, 33% y con Enrique Peña Nieto, un 16%3.
A ello hay que agregar que los múltiples y peligrosos comentarios por parte del presidente atacando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su presidenta Norma Piña, a ministros, magistrados, jueces y, en general, a todo el sistema de impartición de justicia; lejos de ayudar, perjudican la situación y suman a la polarización en México. En absolutamente ningún país realmente democrático se ataca de la misma manera a los jueces y magistrados. Esto vuelve evidente el nulo respeto por parte del presidente por la democracia y división de poderes.
Un sólido sistema judicial es fundamental para garantizar el acceso a la justicia, el Estado de derecho y la estabilidad en cualquier sociedad. Este proporciona un mecanismo para resolver disputas, proteger derechos y mantener el orden público. Un buen sistema judicial promueve la igualdad ante la ley, fomenta la confianza en las instituciones gubernamentales y estimula la inversión y el crecimiento económico, al proporcionar un entorno predecible y seguro para las transacciones comerciales. Además, contribuye a la protección de los derechos humanos, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción. En resumen, un sistema judicial eficaz es esencial para la estabilidad, la equidad y el progreso de nuestro país y todo el mundo.
Referencias
1. Estudio de la OCDE sobre el proceso presupuestario en México, https://www.oecd.org/mexico/48190152.pdf.
2. Hallazgos 2022: evaluación de la justicia penal, México Evalúa. mexicoevalua.org/hallazgos-2022-evaluacion-de-la-justicia-penal/
3. Ídem.
